La creciente deforestación en la principal reserva forestal tropical del mundo, no solo impacta en el cambio climático; también aumenta los riesgos de nuevas epidemias. Ahora, más que nunca, el sector privado debe avanzar hacia una economía baja en carbono.
Incendios en la comunidad de São Bernardo, Rio Branco, Acre. Foto: Katie Maehler / Mídia NINJA
El Amazonas ocupa un área correspondiente a aproximadamente el 40% de Sudamérica. La región se extiende por nueve países, aunque el 60% de su extensión se concentra en Brasil. En la Amazonía legal brasileña viven 27 millones de personas. Esta selva tiene la mayor concentración de plantas, animales, hongos, bacterias y algas de la Tierra, juega un papel crucial en el ciclo del agua y el régimen de lluvias de América del Sur, y es extremadamente importante para regular el clima global y mitigar el calentamiento global.
UNA SITUACIÓN PEOR QUE LA DEL AÑO PASADO
Según datos de la Universidad de Maryland (EE. UU.) para Global Forest Watch, Brasil es el país que mayor superficie forestal ha perdido del mundo. De enero a diciembre de 2019, registró la tasa de deforestación anual más alta en una década, acumulando casi 1,4 millones de km², lo que corresponde a un tercio del total deforestado en el planeta. En el primer semestre de 2020, la conversión de vegetación nativa en la Amazonía Legal fue 26% mayor que en el mismo período de 2019, con una pérdida de 3 mil km². Esto representa el peor resultado en la primera mitad de los últimos cinco años.
Según la evidencia científica, si la deforestación acumulada supera el 25% del área amazónica el bioma podría convertirse en una savana. En un editorial de la revista científica Science Advances, publicado en febrero de 2018, el climatólogo brasileño Carlos Nobre y el profesor de la Universidad George Mason, Thomas Lovejoy, afirman que este punto de inflexión provocaría cambios impredecibles en los patrones de lluvia del norte, centro-oeste y sureste, con fuerte impacto en la agricultura.
Los incendios en el Amazonas avanzan sobre el río Xingu, en Pará. Foto: NASA Earth Observatory
El aumento de los incendios, la deforestación y la pérdida de la biodiversidad amazónica, coinciden con el relajamiento de la política ambiental del actual gobierno brasileño. La gestión actual señala la posibilidad de habilitar tierras indígenas y áreas de conservación para la explotación económica, lo que ha alentando a actores de la industria maderera, productores agropecuarios y especuladores ilegales a ocupar y destruir la región. El Ministerio del Ambiente se ha mostrado ineficiente en la lucha contra la deforestación, con una menor transparencia en sus procedimientos y la remoción de importantes órganos de fiscalización.
LAS PRÓXIMAS PANDEMIAS PODRÍAN COMENZAR EN LA AMAZONIA
Los científicos han estado advirtiendo durante al menos dos décadas que el proceso de degradación que sigue a los incendios y la deforestación, contribuyen a que aumente el contacto de las comunidades humanas vecinas con animales salvajes, que se convierten en vectores de bacterias, virus y parásitos zoonóticos. Esto ha contribuido en los últimos años al aumento de los brotes de enfermedades altamente infecciosas: Ébola, Gripe Aviar, Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (Mers), Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) y Zika. En todos estos casos, los virus fueron transmitidos a los humanos por animales que habitan en los bosques tropicales.
La próxima pandemia podría originarse en la Amazonía brasileña si las tasas de deforestación en el bioma continúan creciendo al ritmo actual. En 2015, un equipo del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (Ipea) encontró que, por cada 1% de áreas verdes suprimidas anualmente en el bioma, los casos de malaria aumentaron en un 23%. Más recientemente, un estudio de la Universidad de Columbia (EE. UU.) reveló que más de 3.200 tipos de coronavirus circulan entre los murciélagos que habitan el Amazonas, y muchos de ellos pueden representar un riesgo potencial para los humanos.
Un área cercana a Altamira, en Pará, convirtiéndose en una posta para la deforestación ilegal. Foto: Felipe Werneck/Ibama
NEGOCIOS EN JUEGO
Los compradores internacionales de productos agropecuarios están cada vez más preocupados por la relación entre la producción de alimentos y la conversión de la vegetación nativa. Esto está incidiendo en la ratificación del acuerdo UE-Mercosur y fomentando el boicot a los productos brasileños.
La Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que reúne a 200 representantes, y de la que Solidaridad hace parte, hizo una declaración pública el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. En ella llamó la atención sobre los fuertes indicios de ilegalidad en este grave escenario de deforestación, señalando que el 99% de toda la deforestación en Brasil ocurrió en áreas protegidas.
Se estima que el 20% de las exportaciones de soja y al menos el 17% de las exportaciones de carne de ambos biomas a la Unión Europea (UE) están asociadas a la deforestación ilegal. Los exportadores de carne simplemente no saben qué proveedores operan en tierras deforestadas ilegalmente. Llevan un registro de las fincas donde se engorda su ganado, pero no de donde se cría. En consecuencia, los sistemas de monitoreo actuales no llegan a captar entre el 85% y el 90% de la deforestación. Curiosamente, un artículo publicado en julio en la revista Science, firmado por Raoni Rajão y otros investigadores, también revela que el 62% de la deforestación potencialmente ilegal en la Amazonía y el Cerrado corresponde tan solo al 2% de las propiedades rurales.
Los exportadores que quieran demostrar que actúan de manera responsable, deberán obtener y brindar datos sobre cada eslabón de sus cadenas de abastecimiento. Los supermercados pueden complementar este proceso informando a los consumidores de dónde proviene la carne que comercializan. Esto obligaría a las empresas a cambiar sus prácticas, no sólo por razones éticas, sino también comerciales.
A LA VANGUARDIA
Gran área de deforestación ilegal en Novo Progresso, Pará. Foto: Vinícius Mendonça/Ibama
Un grupo de casi 30 instituciones financieras internacionales, que administran más de USD 3,7 billones en activos totales, exigió recientemente al gobierno brasileño que detenga el aumento de la deforestación en el país, ya que crea riesgos e incertidumbres para invertir o brindar servicios financieros en Brasil. El grupo reconoció el papel crucial que desempeñan los bosques tropicales para contrarrestar el cambio climático, proteger la biodiversidad y reducir los riesgos de inversión. Afirmaron también que las empresas expuestas a una posible deforestación en sus operaciones y cadenas de suministro en Brasil, podrían enfrentar dificultades para acceder a los mercados internacionales.
Los sistemas de monitoreo sólo llegan a registrar un 15% de la deforestación que ocurre en la Amazonía. Foto: Vinícius Mendonça/Ibama
Además, 38 CEO de las principales empresas que operan en Brasil, remitieron recientemente una carta a las principales autoridades del país exigiendo una lucha efectiva contra la deforestación ilegal en la Amazonía y otros biomas, y un compromiso con el desarrollo sostenible en la región. La agenda del movimiento, que ya ha reunido a más de 70 empresas, incluye:
- la inclusión social y económica de las comunidades locales para garantizar la preservación de los bosques;
- minimizar el impacto ambiental en el uso de los recursos naturales, buscando la eficiencia y productividad en las actividades económicas derivadas de los mismos;
- valorar y preservar la biodiversidad como parte integral de las estrategias comerciales;
- la adopción de mecanismos para negociar créditos de carbono, y dirigir el financiamiento y las inversiones hacia una economía circular y baja en carbono.
La Coalición a la que Solidaridad pertenece también lanzó un paquete de acciones que pueden, en el corto plazo, reducir drásticamente la deforestación en la Amazonía. La propuesta incluye reanudar e intensificar las actividades de control, así como la suspensión de cualquier Registro Ambiental Rural que permita operar a agentes que puedan afectar los bosques públicos o presentar una posible deforestación ilegal. Además, la Coalición aboga por colocar 100 mil km² bajo protección y uso sustentable, la adopción de criterios socioambientales para el otorgamiento de financiamiento, total transparencia y eficiencia en las autorizaciones para conversión de vegetación, y la suspensión de todo proceso de regularización de tenencia de tierras que presente deforestación posterior a julio de 2008.
PRODUCCION DE BAJO CARBONO
El modelo de asistencia técnica de Solidaridad conjuga la restauración de bosques y la generación de ingresos. Foto: Diego Rinaldi/Solidaridad
En este contexto, Solidaridad lleva adelante desde 2015 el programa “Territorios Inclusivos y Sostenibles” en el asentamiento rural de Tuerê, en el estado amazónico de Pará. En total, más de 225 productores familiares reciben asistencia técnica para adoptar prácticas de restauración productiva, en base a modelos agroforestales con cacao, especie nativa de la región.
Los sistemas de producción agroalimentaria que impulsa Solidaridad, enfatizan la inclusión de la agricultura familiar en la cadena productiva, y el papel que puede cumplir en reducción de la degradación forestal. Una vez sobrellevada la pandemia de COVID-19, deberemos esforzarnos más que nunca en construir una economía más eficiente, justa y sostenible que haga que Brasil sea más resistente al cambio climático y a los riesgos de futuras pandemias.
Noticias sobre Brasil
Contacto
